Comentario a la vinculación entre tarifas eléctricas con la existencia de tributos ambientales autonómicos en el RDL 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 168, de 14 de julio). Su Exposición de Motivos pone de relieve la vinculación existente entre las tarifas eléctricas y la fiscalidad autonómica sobre las instalaciones contaminantes.

En efecto, con arreglo a la nueva redacción:  “4. En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las Comunidades Autónomas o recargos sobre tributos estatales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma”. Por su parte, la Disposición adicional decimoquinta del citado Decreto-Ley habilita al Ministro de Industria, Energía y Turismo a determinar, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los concretos tributos y recargos que serán considerados a efectos de la aplicación del suplemento territorial a los peajes de acceso y tarifas de último recurso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, así como los mecanismos necesarios para su gestión y liquidación”.

A nuestro entender se trata de una solución que atiende sólo a los síntomas del problema.  En efecto, la llamada fiscalidad autonómica sobre las instalaciones contaminantes adolece de una regulación fragmentaria e inconsistente con las exigencias de protección ambiental. La solución a estos problemas no radica en establecer un suplemento territorial al peaje de acceso que deba ser abonado por los consumidores de la Comunidad Autónoma que haya establecido el impuesto. En cambio, sería necesaria una auténtica armonización de estas figuras tributarias de carácter estatal, coordinada con la fiscalidad sobre la energía (particularmente el impuesto sobre hidrocarburos) y el régimen del mercado de emisiones.

Pedro M. Herrera

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario UNED

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Professor of Tax Law Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid (Spain)
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